La sociedad indígena awajún y su lucha en la Amazonia peruana.

A las comunidades universitarias de la Universidad Nacional de Colombia y de la Asociación de Universidades Amazónicas, Unamaz, a la opinión pública en general.

Frente a los trágicos hechos ocurridos en Bagua, Amazonia peruana, que han cobrado la vida de decenas de personas, entre pobladores indígenas awajún y personal de la policía nacional del Perú, los profesores, estudiantes y colaboradores de la U.N. Sede Amazonia consideramos un deber moral pronunciarnos ante la opinión pública rechazando el uso desmedido e injustificado de la fuerza contra la población nativa de la Amazonia. Igualmente nos solidarizamos con la resistencia de esta población a los planes de incorporar la Amazonia a las fuerzas del crecimiento económico que no tiene en cuenta los factores sociales y ecológicos, como se pregona en la retórica del desarrollo sostenible.

Entendemos que los hechos que tuvieron tan vergonzoso desenlace son parte de un propósito más general de imposición de Tratados de Libre Comercio por parte de las élites nacionales en varias partes de América Latina. Estos grupos poderosos de la sociedad nacional deben asumir la responsabilidad, pues estos han abanderado la firma de dichos tratados y los han defendido con las tropas militares que dirigen.

Como suele ocurrir siempre que la sociedad reclama sus derechos, el gobierno peruano de Alan García ha acusado al gobierno boliviano de Evo Morales de incitador externo de estos funestos acontecimientos, intentando de este modo confundir a la opinión pública y desfigurar la legítima resistencia de los pobladores nativos a la intervención comercial sobre sus territorios; estos argumentos solo revelan el desprecio hacia estas poblaciones.

La Pan-Amazonia tiene una función clave para la supervivencia del planeta tal como lo conocemos, y aunque esté política y administrativamente dividida, debe mantener su unidad e integridad, reconociendo simultáneamente la diversidad y riqueza no solo de sus ecosistemas sino también de los pobladores y sociedades humanas. La deuda del capitalismo internacional y nacional con la región amazónica se ha cimentado sobre el desconocimiento de estos principios, sobre la negación de la ciudadanía de sus habitantes, lo cual no es un simple hecho fortuito o un desliz de un mandatario, sino que sigue siendo el fundamento de las concepciones o la justificación de prácticas excluyentes, que aún comparten algunas de estas elites que detentan el poder político y económico en América Latina.

Alertamos a la opinión pública colombiana que esta situación no está desconectada del presente y futuro de la población amazónica colombiana y que los denodados esfuerzos del gobierno nacional para tratar de aprobar e implementar tratados de libre comercio y megaproyectos que sólo piensan en crecimiento económico y competitividad, sin consideraciones serias de equidad, cuidado ambiental y respeto a una nación pluriétnica y multicultural, pueden conducirnos a empeorar la ya complicada situación de violencia en la Amazonia colombiana.

Pese a la suspensión de los decretos con los que el gobierno peruano quiso despojar a las poblaciones amazónicas de los derechos a su territorio y a su vida, las circunstancias actuales de intervención económica y control social sobre la Amazonia exigen mayores empeños del pensamiento crítico universitario en la defensa de la vida y en el rechazo a la falsa idea de desarrollo que se quiere instituir. Por consiguiente, vale la pena amplificar las palabras que los mismos awajún gritaban, “la selva no se vende, la selva se defiende”.

Sí, aunque los diarios “El Comercio” y “Perú 21” sigan poniendo entre comillas la palabra “masacre”, la sociedad asiste horrorizada a las masacres del 05 y 06 de  junio mientras el Presidente  García y sus Ministros inventan justificaciones cada vez más alucinantes ahora hablando de conspiraciones internacionales (¿Ecuador-Bolivia-Venezuela?) para impedir que el Perú explote sus recursos petrolíferos, gasíferos, auríferos, hídricos y forestales…que es al final todo lo que le interesa al perpetrador intelectual de la política del “perro del hortelano”. Ahora todos aquellos que todavía no estaban convencidos constatan que aquella insultante etiqueta del “perro” no era proclamada como simple metáfora agraviante sino como figura muy literal con ribetes genocidas.

Los hechos del 05 de junio demuestran que la agresión armada comenzó a iniciativa policial y que le correspondió un contraataque indígena. Qué otra conclusión puede desprenderse de cabezas y rostros indígenas partidos a la mitad por bombas lacrimógenas disparadas desde helicópteros y un operativo iniciado a las 5 de la mañana por centenares de efectivos de las fuerzas especiales premunidos de fusiles AKM y munición de guerra; qué otra conclusión podemos obtener de los cuerpos de los policías baleados por su misma munición.

Y los hechos de los próximos días demostrarán ante todo el mundo, que a pesar de la desaparición de cadáveres mediante su quema, el entierro en fosas comunes y su arrojo en los ríos, la cifra de asesinados indígenas supera muy largamente el número de 09, cifra que la Defensoría del Pueblo, el Gobierno, los medios de comunicación y hasta periodistas normalmente independientes como César Hildebrandt, insisten en restregarnos para que todos creamos que un operativo policial planificado con anticipación se convirtió en una “emboscada indígena asesina contra policías”.

Esta matanza sorprende a todo el país, pero la pregunta sobre los bestiales acontecimientos permanece: ¿por qué se organizó una operación policial de este calibre contra Aguarunas y Huambisas?, ¿estamos ante gobernantes desquiciados, ante fríos gobernantes gravemente comprometidos con poderosos intereses extranjeros, o a una mezcla de todo esto y de muchas otras cosas?. ¿Se trató de una calculada acción para descabezar y liquidar de un solo golpe al movimiento indígena amazónico y así consolidar a sangre y fuego uno de los principales capítulos del modelo económico neoliberal?.

Por causa de la cómplice manipulación informativa de medios escritos y televisivos que sólo resaltan las imágenes de los policías masacrados mientras que las fotos de los nativos asesinados sólo circulan restringidamente por internet, y por causa de un gobierno que con racismo tan asombroso como repugnante declara duelo nacional sólo por los policías muertos mientras llama a los indígenas “terroristas” e insiste en “sólo nueve indígenas muertos”, lo siguiente debe decirse de todos modos:

A diferencia de la generalizada ignorancia que existe sobre quiénes son los pueblos jíbaros Awajún y Wampís, (ignorancia de la que cumplidamente se aprovecha este régimen para exhibirlos como “terroristas”), el Gobierno de García sí CONOCÍA perfectamente las especiales características de dichos pueblos. Nos referimos a su conocida y ancestral ferocidad cuando se les acosa, cuando muere uno de los suyos o deciden entrar en guerra; y luego a su eficaz conocimiento del manejo de armas de guerra ya que sus jóvenes y hombres han servido como tropa en las guerras entre Perú y Ecuador de 1941, 1981 y 1992, desarrolladas precisamente en la Cordillera del Cóndor, área de su territorio ancestral. Estos dos factores no eran ignorados por el Estado y, como demostraré luego, ya han sido explotados antes por este Gobierno y empresas mineras para azuzar a los indígenas e incitarlos de manera criminal a una reacción defensiva violenta como la ocurrida en Bagua. Sumado a lo anterior, considérese los graves conflictos locales acontecidos este año con empresas mineras, petroleras y el ministerio de energía y minas; todo lo cual convertía a Bagua en el foco más delicado de la protesta indígena en la Amazonía.

Y es que aunque antiguas prácticas como la Tsantsa (reducción de cabezas del enemigo) ya no se practiquen y hayan pasado felizmente al olvido, los reflejos bélicos de Wampís y Awajúns se han mantenido vivos debido a su participación en las guerras con Ecuador lo que ha reforzado un especial sentido de pertenencia y celo territorial por partida doble: por ser sus territorios tradicionales desde antes de la existencia de la república y por ser una tierra en la que sus propios hijos han derramado su humilde y anónima sangre defendiendo los límites del Estado republicano.

Las “usuales” agresiones y crímenes que los regímenes represivos cometen contra nuestra sociedad civil mestiza y que ella siempre soporta, olvida y hasta perdona, de ninguna manera reciben la misma reacción en el mundo de los Awajún y Wampís. Mientras los ciudadanos mestizos reaccionamos como masa de protesta que pelea con puños y piedras pero que finalmente se desbanda para proteger su propia vida, ellos reaccionan como pueblo guerrero que contraataca en busca de reducir al enemigo y tomarse vida por vida. Eso lo sabe absolutamente bien cualquier militar -oficial o soldado- que haya trabajado en la Amazonía jíbara. Y cómo no, lo sabía Alan García. ¿O es que su antropólogo cortesano Juan Ossio no se los advirtió o tampoco ellos tomaron en serio a este señor?.

Leamos por ejemplo, lo que el INRENA (hoy Servicio de Áreas Naturales Protegidas) escribía en 2007 a diversas carteras ministeriales en el proyecto de decreto supremo que mutilaba a la mitad el área de protección ecológica del “Parque Nacional Ichigkat Muja”, ubicado dentro de territorio tradicional indígena:

“Los pueblos aguaruna y huambisa, autodenominados awajun y wampis respectivamente, pertenecen a la familia lingüística Jíbara, la cual constituye una de las naciones indígenas amazónicas más numerosa y de importancia cultural y política de la Amazonía. Con un fuerte sentido de identidad, se han caracterizado como un pueblo guerrero que ha sabido defender su territorio frente a diferentes amenazas e intentos de dominación que se les han presentado en distintos momentos de su historia”.

“Una de las características de la cultura Jíbara, con predominio en los hombres, es su actitud guerrera. Los hombres jóvenes se preparaban durante años para una carrera espiritual, social y militar, y en resumen, lograr el perfil de “hombre guerrero” a través de la observación de prohibiciones conductivas y dietarias y del consumo repetido de alucinógenos extraídos de plantas semi cultivadas y salvajes, con el fin de lograr visiones de un futuro exitoso”.

En el documento “Valoración cultural de los Awajún y Wampís” producido por un proyecto del INRENA co-ejecutado con una organización privada conservacionista, se reseña lo siguiente:

“Durante los siglos XVII y XVIII los españoles realizaron varios intentos de subyugar a los Jíbaros, pero sin éxito. Así los Jíbaros mantuvieron su libertad durante el resto del período colonial”.

“La fiebre del caucho comenzó entre los años 1880 y 1914; y, si bien para muchos grupos nativos en el Perú, la época del caucho significó la condena a la esclavitud y tratos infrahumanos también esta época les representó un mayor acceso al tráfico de mercancías. (…)  En 1904 los Awajún/Wampís hartados de los abusos de los caucheros, en una correría bien organizada, mataron a los caucheros y eliminaron todos sus puestos”.

Afirmaciones como éstas sobreabundan en expedientes y comunicaciones oficiales entre el INRENA y el Poder Ejecutivo a propósito de concesiones mineras, categorización de zonas ecológicas reservadas, evaluaciones ambientales, y discusiones intersectoriales. Y como puede comprobar cualquier persona que haya ingresado a territorios jíbaros respetando las autoridades y normas indígenas establecidas consuetudinariamente, los Pueblos Awajún y Wampís son normalmente pacíficos, hospitalarios y amistosos. Pero también pueden pasar a la defensa armada frente a ataques o injusticias que amenacen a sus familias. Y este contraste lo conocen muy bien funcionarios estatales, militares y profesionales de organizaciones civiles y religiosas.

No se trata de justificar lo que es injustificable apelando a razones culturales, sino de comprender la naturaleza política de la decisión del régimen en la sangría de Bagua y por la que tendrá que dar cuentas ante la justicia internacional: el comando Aprista de Gobierno, fiel a su trayectoria histórica de derramar sangre civil y policial –sea como partido de oposición insurrecto, sea como partido de gobierno-, eligió conscientemente la solución violenta contra Awajúns y Wampís sin importar las consecuencias, con pleno conocimiento de causa de lo que podría ocasionar. El Aprismo ha enviado al matadero a policías obligados a cumplir órdenes y ha asesinado a indígenas que defendían su derecho a existir como pueblos. El Aprismo ha escrito un nuevo capítulo en su sangrienta historia.

Pero de estos horrendos incidentes, García no se librará como lo hizo respecto a los crímenes del caso El Frontón en su primer gobierno cuando 111 subversivos presos ya desarmados fueron asesinados, pues no existe ninguna duda de que García, su primer ministro y la ministra del Interior serán acusados de crímenes de lesa humanidad y de genocidio por enviar a los efectivos policiales a una muerte segura y por consentir acciones bélicas contra civiles que luego de 55 días de protesta lograban mantener la cordura a pesar de la drasticidad de sus protestas.

En la segunda parte de este artículo expresaré cómo es que la hipótesis de la provocación deliberada contra los indígenas no es una exageración descabellada ni panfletaria, a la luz de conflictos ocurridos este año en comunidades aguarunas de El Cenepa.

http://alainet.org/active/30805〈=es

De: Ricardo Melgar <melgarr@gmail. com>
Asunto: !! Imágenes de la masacre contra la población indígena en Perú
A:
Fecha: domingo, 7 junio, 2009, 1:47 am

Ver el siguiente enlace:

VB

POR SUS DERECHOS TERRITORIALES

by Mariátegui. La revista de las ideas. Friday, May. 08, 2009 at 11:38 PM

Prensa CAOI / Foto: AIDESEP

foto_aidesep.jpg, image/jpeg, 640×480 Comunidades nativas exigen derogatoria de normas inconstitucionales y detener la criminalización de sus organizaciones y líderes.

En nuestro continente y en particular en la Región Andina, la pauta del enfrentamiento a la globalización neoliberal que arrasa con los derechos humanos y colectivos la están poniendo los pueblos indígenas. Como parte de este proceso, en el Perú los Pueblos Amazónicos y sus organizaciones desarrollan en estos momentos una movilización indefinida en defensa de sus territorios y de la vida.

El gobierno peruano implementa autoritariamente el neoliberalismo en crisis. Negocia y firma tratados de libre comercio totalmente lesivos a la soberanía nacional y a los derechos de los pueblos; abre las puertas sin restricción alguna a las inversiones multinacionales para el saqueo de los bienes naturales. Y en ese camino vulnera los derechos de las comunidades indígenas, amparados por instrumentos internacionales (Declaración de la ONU, Convenio 169 de la OIT) y la propia Constitución Nacional.

Lo hace a través de normas como el paquete de decretos legislativos emitidos el año pasado para implementar el TLC con Estados Unidos y los once decretos legislativos emitidos el 2007 para criminalizar la protesta. Los pueblos indígenas amazónicos lograron con su movilización de agosto del 2008 la derogatoria de dos de ellos, pero quedan 99 vigentes. Por ello han reiniciado la lucha.

También la han reiniciado para poner fin a la criminalización del ejercicio de derechos indígenas. En el Perú hay cientos de dirigentes y líderes perseguidos, presos y procesados judicialmente por defender a sus comunidades. Todo para imponer un modelo cuyo fracaso está marcando el fin de un modelo civilizatorio.

El Perú es el país de Latinoamérica que ha dado en concesión la mayor parte de su Amazonía para proyectos petroleros y gasíferos. El 72% de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. Son 67 lotes de hidrocarburos que se superponen en la selva peruana, de los cuales 47 lotes están ubicados en la Región Loreto. Y pasan por encima de los territorios indígenas y de las reservas naturales.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, expresa su solidaridad con el movimiento indígena amazónico peruano y sus organizaciones, se suma a la exigencia de la derogatoria de los decretos legislativos del TLC y de la criminalización, exigiendo la amnistía para todos los líderes y dirigentes comunales, andinos y amazónicos, procesados por defender a sus comunidades.

Llamamos también a continuar articulando las demandas y propuestas de los pueblos andinos y amazónicos, que ya estamos unidos en el amor y armonía con la Madre Tierra, la defensa de nuestros territorios como eje de nuestra identidad, y la práctica del Buen Vivir que ofrecemos al mundo como alternativa de vida al agonizante capitalismo neoliberal de muerte y destrucción de la Pachamama.

Estamos seguros que la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, que se reunirá en Puno, Perú, del 27 al 31 de mayo próximo, será un paso decisivo en este proceso de articulación y construcción de propuestas.

Miguel Palacín Quispe
Coordinador General de la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)

Sábado 9 de mayo de 2009.

Declaran estado de emergencia en zonas indígenas de Perú

Un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano detalló que el estado de emergencia suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio. Esto, fue rechazado por los indígenas, que lo consideraron, según precisó a teleSUR el dirigente Alberto Pizango, como una ”clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano”.
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TeleSUR _ Hace: 04 horas

El Gobierno de Perú proclamó este sábado el estado de excepción durante 60 días en varios departamentos del país, a raíz de las intensas protestas que lideran los grupos indígenas de esas regiones desde el pasado 9 de abril.

Un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano detalló que la decisión suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.

La medida fue aplicada en los estados selváticos norteños de Loreto y Amazonas, y los centrales Ucayali y Cuzco.

Frente a la medida, el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, declaró en entrevista exclusiva a teleSUR, que la medida asumida por el gobierno no es más que “una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano”.

“Con ello, está matando a los pueblos legítimamente que reclaman sus derechos. Aquí ya se vive un clima de que ésta es la respuesta que tienen los pueblos antes que la solución a sus problemas, siendo la agresión y la muerte”, consideró el líder indígena, al tiempo que añadió que esta es la manera como los han venido tratando, de manera incivilizada, por más de 150 años.

Según el gobierno, la medida busca restablecer el orden público ante las manifestaciones que demandan la anulación de una serie de decretos y leyes que según los nativos apuntan a privatizar la región selvática.

Además, detallan que las protestas han puesto en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos en el país.

En la medida han sido comprendidos los distritos de Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención, en el Cuzco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto, e Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.

El estado de Emergencia, que coincide con el plazo dado por Aidesep para que el primer ministro peruano, Yehude Simon, instalara una mesa de diálogo con las organizaciones abígenes, tiene por objetivo “la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y eliminación de los riesgos existentes”, explicó el decreto.

La solicitud de la etnia fue apoyada el pasado viernes por un grupo de obispos de la Amazonía peruana, cuando nueve prelados precisaron que las polémicas normas “no aportan al desarrollo integral de la población amazónica” y que “por el contrario, surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región”.

Así, los religiosos solicitaron al Gobierno y al Congreso peruano que dialoguen y busquen soluciones justas y pacíficas en favor de un desarrollo integral de la región, así como “la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuyan a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones amazónicas”.

En la protesta se pide la derogación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, que se considera que vulnera los derechos a la propiedad y el control de los recursos naturales de los indígenas.

Tal como explicó Alberto Pizango, los cuerpos indígenas rechazan el paquete de leyes porque no fueron consultados tal como lo establece el convenio 169 “que estipula en su artículo 6 de que cualesquiera actividades o medidas legislativas que se tengan que dar para el territorio o pueblos indígenas, tienen que ser consultados a saber de sus organizaciones representativas”, explicó.

“El gobierno, lejos de consultar a los pueblos indigenas, ha sacado todo un paquete de ley de 104 decretos legislativos, que atentan contra el país. De esos 104 decretos, 11 han sido muy lesivos para la Amazonía (…) y a partir del día 9 de agosto (2008), el levantamiento de los pueblos ha derogado 2 decretos legislativos, quedando otros 9 para que se conformara una comisión multipartidaria para que llegue a evaluar y dar una solución de derogatoria”, continuó Pizango.

No obstante, “a pesar que esa comisión multipartidaria habría dado su informe el 13 de septiembre del 2008, desde esa fecha hasta la actualidad los pueblos esperaron”

“Y como no había ninguna respuesta, ni voluntad política por parte del Congreso de la República, los pueblos decidieron movilizarse (desde el pasado 9 de abril) para exigir que estos 9 decretos legislativos sean derogados y de esta manera, solucionar los grandes problemas”, concluyó el líder indígena.

Ya el pasado viernes el primer ministro peruano, Yehude Simon, advirtió a los indígenas sobre la medida de emergencia que este sábado se materializó.

TeleSUR – Efe / in -PR

Germán Vallejo/María Colino
Observatorio Social de Leticia

fotos: María Colino

“Aquí vivimos siempre en emergencia, pero con las altas de Abril y Mayo es todavía peor. En el 2002 hubo una gran inundación que alagó muchas casas. Vinieron Defensa Civil y la Cruz Roja… Ahora está pasando lo mismo, ya hay muchas casas inundadas, hasta los puentes se están inundando, pero no hay oídos para esto… Para este barrio no hay plata. Los recursos son para los ríos… “ (Carlos Funache, habitante del Barrio).

Localizado en el punto mas extremo al sur de Colombia el barrio la Unión esta ubicado al sur-occidente de Leticia – Amazonas, por el sector de la planta eléctrica, sobre la quebrada San Antonio que marca la frontera entre Leticia y Tabatinga. “El caño unas veces está en Colombia y otras en Brasil. Aquí en mi casa mi hija Juanita vive en el Brasil y Peter en Colombia. Brasil nos presta el agua y la luz, Colombia dice que estamos en zona de alto riesgo”.

La Unión es un barrio de palafitos en tierra de bajial, muy vulnerable a las crecidas. Las grandes crecientes hacen inhabitables las viviendas y ocasionan graves problemas de salubridad. A la quebrada San Antonio desaguan los detritos del matadero, las aguas de alcantarilla y las basuras de los vecinos de tierra firme:

“Un día de sol ardiente, aquí no entra nadie. Cuando se pone a soplar el aire salen olores de agua negra por todas partes. Los niños vomitan, sufren de rasquiñas y dolor de cabeza. En la noche cuando llueve comienza a subir el vapor y esto no lo aguanta nadie. Mira cómo vivimos. Toda esa basura viene de la parte alta de Leticia: chanclas, cajas de icopor, latas, pañales, botellas de gaseosa… La tiran los de arriba, y si decimos algo nos responden ‘qué va, sapo…’ o ‘qué me va decir, mira como ya está eso …’ El alcalde mandó una vez un grupo de gente con unos chuzitos. Pasaron el día pinchando bolsas y apenas habían empezado…” (Edelmira Pinto, habitante del Barrio).

Según los habitantes, la solución de la Alcaldía consiste en la reubicación de la Unión cerca del barrio Costa Rica, al sector Nororiente de la Ciudad, donde se tienen proyectadas 800 viviendas de interés social en la urbanización Álvaro Uribe: “218 casas para la Unión y el Castañal. Hablaron de trasladarnos en diciembre del año pasado, luego en febrero. Ahora hablan que para julio, pero aún no se concreta nada…”

Además de la reubicación, el problema involucra varios factores de sensibilidad ciudadana, como la insolidaridad de los vecinos de tierra firme, la precaria o nula recolección de residuos y la indiferencia institucional. La solución de la emergencia a corto plazo exige la ubicación inmediata de las familias afectadas en las zonas altas y una jornada de limpieza general y colectiva de San Antonio. También es muy necesario tomar medidas que garanticen la limpieza permanente del caño, como campañas educativas y medidas de sanción. Una responsabilidad que debería encabezar Empoamazonas, entidad responsable en la prestación de servicio.

Al fin y al cabo la Unión hace la fuerza… Pero hay que empezar.

Doña Mery: " las casas 64 y 67 ya están llenas de agua".

La casa 64

Más basura

Gráfico: Arquímedes Pineda

Arquímedes Pineda ha escuchado la voz del rio por 21 años, como motorista turístico y cómo observador consciente del medio ribereño. En sus salidas de batimetría con INVIAS, advierte sobre el crecimiento de la Isla Fantasía y la disminución del caño Yahuarcaca que la separa de Leticia: “Hacia el futuro no vamos a tener caño: el río se aleja. El dilema entonces es meter el canal navegable a Leticia o ir hacia el canal”.

Arquímedes optó por ir hacia el canal y trajo una propuesta a nombre de COOMOTURAM, una cooperativa de transporte turístico con 31 afiliados, 42 embarcaciones rápidas y una balsa en el puerto de Leticia. Se trataría de construir un puente elevado desde Leticia a la Fantasía, y una balsa-mirador elegante en la playa opuesta de la isla, sobre el canal navegable del Amazonas.

El Amazonas transforma su cauce al vaivén del sedimento. Islas como Ronda, Santa Rosa o Fantasía nacen, crecen, se erosionan y mueren en el trajín de corrientes, vaciantes y crecientes, que desbaratan o expanden los bancos sedimentarios. Y mientras el río erosiona la blanda orilla peruana, a diario va ensanchando la orilla colombo-brasilera. “El río se está alejando, y un día Leticia y Tabatinga podrían quedar en seco”, comenta Rubiel Valencia, inspector fluvial de Leticia. “La gente no es consciente del problema, ni de cómo podría llegar a afectar la economía local”. Cada cierto tiempo, La Inspección Fluvial debe dragar el muelle y el caño Yahuarcaca. Una alternativa a largo plazo sería estabilizar el cauce del Amazonas. Así, varios estudios de la UNAL-sede Medellín y la Universidad Central de Ecuador han propuesto la construcción de espigones en la ribera peruana. El río no reconoce fronteras: cualquier proyecto que afecte su cauce concierne a los tres países limítrofes, y debe ser concertado en las cancillerías. El sedimento debe ser tenido en cuenta en la planeación de obras fluviales como los muelles y los puertos. Conscientes del problema, varios amazonenses entrevistados a pie de puerto observaron que “si se ciega el caño Yahuarcaca, el malecón turístico quedará en seco”. Por esta razón sugieren la construcción de los embarcaderos y el mirador flotante en la Isla Fantasía, de cara al canal navegable.

foto: maria colino

El río sube, baja, crece, mengua, serpentea y se ensucia al ritmo de las estaciones, el cambio climático y los caprichos del aluvión ¿Cómo viven los amazonenses los cambios de humor de las aguas? Esta sección recoge la experiencia de los pescadores, ribereños, comerciantes, indígenas, lancheros y demás hombres y mujeres que a diario observan, dialogan y conviven con el río.